El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial, y dispuso suspender todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte durante su mandato. Asimismo, el fallo impide al Poder Judicial dictar medidas como allanamientos o incautaciones que afecten el ejercicio de sus funciones.
Con esta decisión, las pesquisas por el caso Rolex, las muertes en protestas y la desactivación del Equipo Especial de la PNP quedarán paralizadas hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que culmina el mandato presidencial, o antes si Boluarte fuera vacada por el Congreso.
El magistrado Pedro Hernández fue el ponente de la sentencia, que también lleva las firmas de Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales y César Ochoa.
LIMITACIONES A LA FISCALÍA Y AL PODER JUDICIAL
El TC estableció que durante el mandato presidencial las investigaciones fiscales se restringen a tres actos: toma de declaración en Palacio de Gobierno (hasta en dos ocasiones), pedidos de información y entrega de documentos. Todo otro tipo de diligencia queda descartada por considerarse una afectación a la “dignidad del cargo” y a la autoridad de la Presidencia de la República.
De igual manera, el Poder Judicial queda impedido de dictar medidas que puedan “entorpecer” la labor presidencial, como allanamientos a domicilios o despachos oficiales. Cabe recordar que en marzo de 2024, un juez supremo autorizó el ingreso de fiscales y policías a la vivienda de Boluarte y a Palacio de Gobierno, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
BOLUARTE SIN CONTROL JUDICIAL
En la práctica, el fallo del TC otorga a Dina Boluarte un escudo legal frente a los procesos fiscales en curso. Según la resolución, solo en casos contemplados por el artículo 117 de la Constitución —traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso, impedir elecciones o el funcionamiento del sistema electoral—, un presidente podría ser procesado durante su gestión.
De esta manera, la mandataria queda liberada de investigaciones hasta el fin de su mandato, a menos que se configure alguna de estas causales.
DEBATE SOBRE IMPUNIDAD
La resolución ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político, ya que limita la capacidad de fiscalización de la Fiscalía y del Poder Judicial frente a eventuales actos de corrupción o abusos de poder cometidos por la jefa de Estado. Críticos sostienen que la decisión del TC sienta un precedente de impunidad para los presidentes en funciones.