El gobierno peruano autorizó la legalización de actividades mineras en una zona que hasta ahora estaba protegida por su valor arqueológico. Esta decisión se tomó tras la reducción en un 42% del área de protección que rodea las icónicas Líneas de Nazca, Patrimonio de la Humanidad. Según el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, los mineros que operaban en esa área podrán ahora solicitar permisos para continuar su actividad de manera regular.
Montero explicó que, debido a esta modificación, las actividades mineras en la región ya no se consideran ilegales, aunque reconoció que aún no se tiene un catastro exacto de cuántas personas están operando en el área. El gobierno planea realizar una evaluación para determinar el alcance de la minería presente.
RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
El Ministerio de Cultura confirmó el cambio mediante una resolución oficial que recorta en 2.397 kilómetros cuadrados el área protegida, dejando 3.200 km² bajo protección, frente a los 5.633 km²establecidos originalmente en 1993. Aun así, se aseguró que el área exacta donde se observan las Líneas de Nazca, estimada en unos 450 km², permanecerá resguardada.
Pese a que se mencionó que la decisión se basó en estudios realizados durante 20 años, la resolución ministerial no incluye detalles específicos sobre estos análisis, y tampoco se entregó información adicional tras ser solicitada por medios como Associated Press.
Anteriormente, autoridades y medios reportaron la presencia de minería ilegal dentro del área protegida, y en ocasiones se destruyeron campamentos y maquinaria. Con la nueva delimitación, estos antecedentes cobran nueva relevancia.
Las Líneas de Nazca son un conjunto de más de 300 geoglifos, que incluyen figuras humanas, animales y objetos, algunas de hasta 270 metros de largo. Fueron descubiertas en 1927 y datan de más de 500 años antes de Cristo. Existen diversas teorías sobre su función: desde usos astronómicos hasta aplicaciones relacionadas con la gestión del agua.
Aunque el gobierno asegura que el área con las figuras principales se mantiene bajo protección, la decisión ha generado preocupación por la conservación del patrimonio arqueológico y la aparente falta de consulta pública o evidencia detallada. Organizaciones patrimoniales podrían exigir mayor transparencia y justificación técnica frente a esta reducción de la zona protegida. (INFOBAE).